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La razón por la que los planes de estabilización en la Argentina terminan en fracaso es que la mayoría de las veces se llevan a cabo por necesidad política de última instancia, y no por convencimiento de bajar la inflación dado sus perversos efectos sobre la economía. Es como si únicamente se aplicaran para calmar el malhumor de la gente, para luego volver a las andadas.
Un caso típico fue el de la inflación cero de José Ber Gelbard, ministro de Economía de Héctor Cámpora, que luego siguió en la tercera presidencia de Juan Domingo Perón hasta su muerte y al poco tiempo de asumir María Estela Martínez (Isabel) de Perón y con el país en un caos, se fue, dando paso, primero a Alfredo Gómez Morales por unos pocos meses y luego a Celestino Rodrigo.
En mayo de 1973 asume la fórmula ganadora Cámpora-Solano Lima, con el lema Cámpora al gobierno Perón al poder. Siguiendo la monumental investigación histórica que hizo Juan Carlos de Pablo en su libro La Economía Argentina en la Segunda Mitad del Siglo XX, se puede ver que el 30 de mayo de 1973 se firmó el llamado Pacto Social que incluía a la CGT, la Confederación General Económica (CGE) y el Estado bajo el pomposo título de “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social” (discursos que hoy día siguen vigentes). Esa acta incluía aumentos de salarios y controles de precios.
Destacaba: “La política de precios del sector privado se ajustará a las siguientes normas: no podrán modificarse los precios de las mercaderías y servicios por motivos de mayores costos originados por los aumentos salariales; una vez modificados los precios por la suba de las tarifas públicas, quedarán congelados hasta el 1 de junio de 1975″. A esto se agregaban otras intromisiones en las empresas privadas, pero el tema fundamental, una vez más, es que se ve en la historia económica argentina a ministros de Economía considerar que los costos determinan los precios de los productos, cuando en realidad son el reflejo de lo que los consumidores están dispuestos a pagar por los bienes y servicios que demandan, y por tanto determinan qué costos pueden incurrir las empresas.
En materia cambiaria, historia conocida por los argentinos, se hizo lo siguiente en la era Gelbard. Siguiendo siempre con la obra de Juan Carlos de Pablo, los tipos de cambio nominales se mantuvieron y se estableció un rígido control de cambios para “erradicar la especulación contra el país”. Es decir, como tantas veces, se usó el dólar como ancla contra la inflación.
El Ministerio de Economía establecía qué importaciones se podían realizar correspondiente a insumos, tanto en sus volúmenes y valores en base a lo que el funcionario consideraba adecuado para el país, tarea que ahora tendrá a cargo Matías Tombolini.
El plano fiscal
¿Qué pasó mientras tanto con el gasto público y el déficit fiscal? “Entre 1972 y 1974 el gasto público aumentó 65% en términos reales y el déficit fiscal 79%. En el primer caso subió 5,5 puntos porcentuales con relación al PBI y en el segundo de 4% a 5,5%” (De Pablo, opus cit.).
En ese período, mientras se congelaron los precios, tarifas de los servicios públicos y tipo de cambio, la base monetaria aumentó 286%, lo cual derivó en el “rodrigazo” en un intento por corregir los precios relativos y solucionar en parte el problema fiscal que generaba presiones inflacionarias por su financiamiento con emisión monetaria.
Este es un claro ejemplo de los planes de estabilización que tratan de esconder la inflación detrás de controles de todo tipo sin solucionar el problema que la genera, la emisión monetaria para financiar al Tesoro.
El gráfico precedente muestra las tasas mensuales de inflación durante la gestión de Gelbard y el desastre en que terminó en 1975 cuando hubo que quitar el maquillaje de la inflación escondida detrás de los controles de precios, tarifas y tipo de cambio.
Un caso diferente fue el del Plan Austral que generó un importante shock de confianza inicial. Si bien fue un plan heterodoxo, tenía ingredientes de reformas estructurales que despertaron cierto crédito, luego de que bajo la gestión del ministro Bernardo Grinspum la inflación escalara al 30% por mes. El descontrol era total.
El plan anunciado a mediados de 1985 por Juan Vital Sourrouille contenía un cambio de moneda, desagio con eliminación de las cláusulas de indexación, devaluación del peso, aumento de retenciones sobre las exportaciones, de tarifas, ahorro forzoso -un impuesto adicional- y congelamiento de precios, salarios y jubilaciones.
Desde el balcón de la Casa Rosada, el presidente Raúl Alfonsín, que había convocado a la plaza de Mayo, habló de economía de guerra y sostuvo: “vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar”, al tiempo que se anunciaban algunas reducciones de gasto público menores.
En julio se logró superávit fiscal que se mantuvo hasta diciembre de ese año, pero luego ya se perdió. Las privatizaciones nunca se llevaron a cabo, como tampoco la baja del gasto público. La emisión monetaria siguió haciendo estragos hasta que a mediados de 1987 se le hizo el primer “service” al plan Austral y luego siguieron varios más sin éxito, hasta que se desembocó en el bautizado Plan Primavera diseñado para aguantar hasta las elecciones anticipadas, luego de que el 6 de enero de 1989 el BCRA dejara de vender dólares y se dio paso a una corrida cambiaria, bancaria e hiperinflación, por la incertidumbre que despertaba el explosivo aumento del déficit cuasifiscal del Central.
El gráfico previo muestra el éxito transitorio del Plan Austral en bajar la inflación, pero sin reformas estructurales no hubo forma de evitar otro colapso.
Salvo el Régimen de Convertibilidad, que en rigor fue una regla monetaria acompañada de reformas estructurales como las privatizaciones, la desregulación de la economía y mayor apertura de la misma, el resto de los planes nunca llegaron al hueso del problema.
En lo que hace a la Convertibilidad, tuvo equilibrio fiscal hasta 1994 y luego comenzó de nuevo el festival de gasto con déficit fiscal, incompatibles con conversión fija del peso al dólar establecida en 1991.
Las privatizaciones de los 90, además de mejorar el funcionamiento de empresas estatales, también sirvieron como instrumento de estabilización porque se eliminaron las pérdidas de las empresas estatales y se permitió bajar inicialmente la deuda pública.
Lo cierto es que el peronismo se opuso a las privatizaciones de Raúl Alfonsín, que en rigor no eran tales, porque se buscaban socios extranjeros para que aportaran capital y management. Ese esquema impulsado por Rodolfo Terragno no avanzó y, el mismo peronismo, que se había opuesto a las privatizaciones, las impulsó durante el gobierno siguiente de Carlos Menem. Nuevamente parece haber primado la conveniencia sobre la convicción.
Reacción transitoria
En síntesis, estos dos ejemplos de planes de estabilización, al igual que tantos otros que se ensayaron, solo buscaron calmar el problema inflacionario por un tiempo y luego volver a las andadas del populismo.
Es más, si se toma la crisis del 2002 con la gran licuación del gasto público gracias a la llamarada inflacionaria y el no pago de los intereses de la deuda, la economía argentina logra entrar en un superávit consolidado de 3,54% del PBI, lo cual baja la tasa de inflación por un tiempo, pero el desmanejo fiscal lleva, primero a manipular los datos del Indec en 2007. En 2004 hubo un superávit consolidado de 3,54% del PBI y Cristina Fernández de Kirchner terminó entregando a fines de su segunda presidencia, en 2015, un desequilibrio negativo consolidado de 7,24% del PBI. Más de 10 puntos porcentuales de recorrido de deterioro.
Ni el viento de cola de los precios internacionales de las materias primas, ni el consumo del stock de capital (energía, rutas, 10 millones de cabezas de ganado, etc.) fueron suficientes para poder financiar el populismo de esos años.
Cabe insistir, los recurrentes fracasos de los planes de estabilización en la Argentina se deben a que no hay espíritu de reformas estructurales, sino pasar transitoriamente el problema político que genera la inflación para luego volver a las andadas del gasto, el déficit fiscal y el populismo.
Mientras no exista la convicción de cambiar el rumbo populista de la economía argentina, los planes anti-inflacionarios seguirán fracasando uno tras otro, aunque transitoriamente generen algún alivio que se esfumará al poco tiempo.
* Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Profesor titular de teoría macroeconómica en el máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial y de economía aplicada en el máster de Economía y Administración del Instituto universitario. Es columnista del diario La Nación. En la actualidad se desempeña como consultor económico y edita un semanario económico en Internet llamado Economía para todos (EPT).
El presente artículo fue publicado en Infobae de Argentina.
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