La seguidilla de eventos de este miércoles 7 de diciembre tuvo seis partes. En la primera parte, el Congreso peruano fue convocado a debatir y votar una moción de destitución contra el Presidente Pedro Castillo, siendo vox populi que en esta tercera oportunidad de destituirlo contaban con los 87 votos requeridos para aprobarla.
En la segunda parte, y sabiendo perfectamente que sería destituido, Castillo decide ganarle de mano al Congreso, anuncia la disolución del mismo, propone un gobierno de excepción, impone un toque de queda y exige la intervención de importantes instituciones republicanas tales como el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras. Un verdadero golpe institucional llevado a cabo sin respaldo de la amplia mayoría de sus ministros, violando así la constitución y el estado de derecho.
En la tercera parte, se hacen públicos los repudios de sus ministros y muchos otros funcionarios que le presentan sus renuncias a Castillo.
En la cuarta parte, el Congreso se declara en sesión permanente, concluye que Castillo ha cometido un “golpe contra la institucionalidad del Estado”, y lo destituye por permanente incapacidad moral. Los resultados de la votación fueron incuestionables: 101 votos a favor de la destitución, 6 en contra y 10 abstenciones.
En la quinta parte, dos instituciones de fundamental importancia se manifestaron a favor de lo decidido por el Congreso. El presidente del Tribunal Constitucional declaró oficialmente que “el Golpe de Estado [de Castillo] no tuvo ningún tipo de fundamento jurídico“. Por su parte, la Procuraduría General de la República anunció la interposición de una denuncia penal contra Pedro Castillo por su acción sediciosa.
En la sexta y última parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú también se sumaron a la decisión del Congreso, manifestándose “respetuosas del orden constitucional establecido”, por lo que cualquier acto contrario, “constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. En consecuencia, todo termina con Castillo siendo detenido al retirarse del Palacio de Gobierno mientras trataba de refugiarse en la embajada de México.
Así es como respetando lo establecido por la constitución peruana, la vicepresidente Dina Boluarte asumió la presidencia. En su juramentación, Boluarte anunció: “Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo, es algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”.
MANIFESTACIONES VIOLENTAS
Al cierre de esta edición se habían producido hechos de enorme violencia en Apurímac, Ica, Cusco y Arequipa, donde manifestantes con la excusa de demandar la liberación de Castillo, incendiaron centros comerciales, canales de televisión, oficinas públicas relacionadas al poder judicial y a la SUNAT. Intentaron también bloquear la circulación del transporte terrestre, atacar aeropuertos, quemar vehículos, etc. El saldo es de al menos 6 ciudadanos muertos, 60 heridos y 115 policías en grave estado de salud. Boluarte por su parte ha enviado al congreso la propuesta de llamar elecciones anticipadas.
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