Concluye el año 2022 bajo un entorno mundial difícil. En cuanto a América Latina, el año fue particularmente complejo. De una parte, la derrota en las urnas en Chile al intento de aprobar un nuevo texto constitucional, que habría sido grave para el país, pese a lo cual hay aproximaciones entre gobierno y oposición para transitar hacia otro proceso constituyente, bajo reglas bien diferentes. Fue también importante la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años en Argentina, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, con lo cual ganó el Estado de Derecho, y se sentó un precedente clave en la lucha contra la corrupción en ese país.
En Perú, la destitución de Pedro Castillo sentó otro precedente ante el intento de asumir poderes absolutos y recurrir al camino constituyente que le había sido negado por el Congreso. Ha sorprendido el abierto apoyo brindado a Castillo por los gobernantes de Venezuela, Colombia, Argentina, México, Bolivia y Nicaragua, evidenciando que lo ideológico prevalece sobre la legalidad.
En Venezuela, la economía sigue devastada, con una inflación en dólares de tres dígitos, un sector productivo postrado, pese a señales de mejoría en el PIB este año, asociadas al aumento de los precios del petróleo. La propaganda de que Venezuela se arregló no tiene asidero. Así lo muestra la devaluación acelerada del bolívar, la pérdida del poder adquisitivo del salario para quienes derivan sus ingresos en moneda nacional, evidenciando la existencia de burbujas que solo favorecen a poseedores de divisas, o a los nuevos ricos que prosperan a la sombra del gobierno.
El reinicio del diálogo oposición-gobierno en México produjo resultados parciales que favorecen principalmente al gobierno: la liberación de USD 3.000 millones congelados en el exterior, y la licencia para operación de la empresa Chevron en Venezuela, cuya orientación permitirá el pago de la deuda del Estado venezolano con dicha empresa. La prosecución de las reuniones para abordar la agenda política está siendo eludida de nuevo por el régimen, evidenciando que el levantamiento de las sanciones internacionales no debe ser una condición, sino la resultante de la definición de una hoja de ruta hacia elecciones justas y con garantías en Venezuela, para así superar la grave crisis que afecta al país por medios pacíficos. Ahora, el debate gira en torno a la decisión de varios partidos de la oposición de terminar el interinato de Juan Guaidó, lo cual divide a la opinión política pues fortalecería al régimen de Maduro. La oposición venezolana sigue pues fragmentada y desorientada.
En cuanto a Colombia, los primeros 100 días de Gustavo Petro en el poder muestran la rendición de los partidos políticos tradicionales al gobierno, a cambio de poder y prebendas. La preocupación es creciente sobre la agenda legislativa que se adelanta en desarrollo de la oferta electoral de Petro. En Brasil, el 1º de enero asumió Lula la presidencia, consolidando el mapa de las fuerzas de izquierda en la región. Algunos analistas creen que, tras la experiencia vivida y sin el control del Congreso, Lula podría moderarse e influir sobre la izquierda latinoamericana, pero la designación de algunos ministros radicales no lo confirma. Quizás el expresidente Fernando Henrique Cardoso, reconocido político e intelectual, pueda ayudar a la moderación del gabinete de Lula. Ese es el deseo de muchos.
En suma, la región sigue enfrascada en una senda de erraticidad, causante de desaceleración económica, con previsiones mediocres para 2023. Puede que el fracaso de gobiernos radicales o populistas ofrezca mejores perspectivas futuras a gobiernos de centro, capaces de generar condiciones para el desarrollo con participación de la economía privada y voluntad para poner orden en las economías, con responsabilidad social. Un Feliz Año Nuevo a mis pacientes lectores.
* Dr. Pedro Carmona Estanga, Doctorado en Economía de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos Aires, Argentina. Master y Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Licenciado en Economía de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, Venezuela. Profesor titular en la Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Diplomático, negociador, líder empresarial y gremial, ex-miembro de juntas directivas de varias empresas industriales en Venezuela. Director de la Maestría en Gestión Energética y del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda.
El presente artículo fue publicado en Economía & Política – PCE.
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