Ecuador: ¿Y las mesas de diálogo? - por Jorge Calderón Salazar - Thomas Jefferson Institute for the Americas

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Luego de un mes de junio en que el país estuvo en un vilo político, económico y social, se estableció como hoja de ruta el desarrollo de mesas de diálogo para tratar diversos temas que a criterio de la agenda de aquellos grupos que impulsaron las movilizaciones, eran necesarias para lograr la “paz social”. De ahí que se establecieron 10 mesas que abarcan: Focalización de combustibles, Banca pública y privada, Fomento productivo, Empleo y derechos laborables, Energía y recursos naturales, Derechos colectivos, Educación superior, Control de precios, Acceso a la salud, y Seguridad, justicia y derecho. Algunas de ellas con un mejor ritmo en avances, y otras que se conocía anticipadamente lo complejo de llegar a acuerdos, entre las que destacan los temas más álgidos, como lo son: subsidios, créditos de la banca, y controles de precios.

Ahora bien, las mesas de diálogo, ¿qué mensaje envían?. Desde lo político, hay varias lecturas, una de ellas la búsqueda de acuerdos para desarrollar un agenda conjunta que busque atender la problemática presentada por la CONAIE y grupos afines (que a criterio de ellos representan a toda la población ecuatoriana). Otra lectura se relaciona a lo que cede el gobierno respecto a estas demandas y las variadas implicaciones que traen, en ámbitos que analizaremos, y sin duda el hecho de ganar tiempo para “enfocar” al gobierno estos meses y preparar así el terreno para escenarios de mayor confrontación e incertidumbre, similares o peores a octubre de 2019 o junio de 2022.

Desde lo social, la esperanza que hay en ciertos sectores de lograr cambios que en teoría redunden en su bienestar y mejora de la calidad de vida, aunque por lo acontecido desde 1990 que se dio la primera movilización indígena, poco o nada ha cambiado para dicho importante sector poblacional. Y dónde sí hemos visto cambios, es en el estilo de vida de dicha dirigencia, e incluso cómo “ciertos liderazgos” ya se heredan. En lo económico, hay varias preocupaciones, tanto internas como externas. La primera de ellas abarca pendientes que no se resuelven sobre el impacto de los acuerdos, ¿significará más presión al gasto público? que se traduciría en un potencial incremento del déficit, alejando al gobierno de las metas propuestas de reducir al mismo. ¿Qué mecanismos de focalización a los combustibles se considerarán?. Si bien todos estamos de acuerdo que debe existir una verdadera focalización hacia quienes más lo necesitan, también es cierto que sigue siendo una visión cortoplacista, pues el mundo avanza hacia la reducción (no la promoción) en el uso de combustibles fósiles. Donde vemos a la Unión Europea (UE) y a los Estados Unidos, estableciendo lineamientos para el aumento en el uso de automotores eléctricos. Ahora que discutimos tanto sobre los subsidios a los combustibles, si en pocos años la UE establece condiciones de ingreso a los productos que importan, exigiendo que cumplan normativa ligada al no uso de combustibles fósiles en el proceso productivo, saltan las preguntas: ¿Qué hará el Ecuador? ¿Estamos listos?.

En la misma línea económica, se discute los controles de precios para una decena de productos, en aras de favorecer a los consumidores, cuando es conocido que la fijación de precios trae consigo escasez, desestimulando la inversión para generar innovaciones, entre otras problemáticas, dando como resultado un remedio peor que la enfermedad. Para alentar la reducción de precios, es necesario brindar incentivos al aparato productivo a través de reducción (parcial o total) de las cargas tributarias, incluyendo aranceles, disminución de los costos de los servicios básicos, en especial de la energía eléctrica, acelerar la consecución de los acuerdos comerciales, diversificar la oferta exportable, etc. Asimismo, una actividad ralentizada no permite la recaudación tributaria prevista, más aún en tiempos de recuperación económica. De igual manera, la inversión extranjera directa, que se esperaba incremente en el presente año, ha disminuido, no solo por las faltas de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar las leyes, sino también por los intentos desestabilizadores de junio (movilizaciones y destitución del Presidente Lasso por parte de la Asamblea). Y también porque los diversos actores siguen atentos al desenlace de las mesas de diálogo. Y así, cuando se cumplan los 90 días, muchos prospectos de inversión se pausarán hasta 2023. Llevando así a que Ecuador siga relegado en este ámbito, trayendo consigo que no se generen las plazas de trabajo requeridas, y más aún se sigan postergando las reformas urgentes que requiere el país, ¿Acaso no nos damos cuenta del retraso que ocasionamos a nuestro país?.

Otro punto álgido, es la revisión de los créditos de la banca pública y privada. En su momento se estableció un límite de 3 mil dólares que se someterían a revisión, luego de un preacuerdo la CONAIE señaló que debía considerarse un límite mayor de crédito, ¿por qué un negocio privado debe afectarse?. Si los recursos son de todos los que colocaron sus fondos en esa institución financiera. Y en el caso de la banca pública, es dinero de todos los ecuatorianos. Acaso ¿no se requiere que el negocio bancario tenga sostenibilidad para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos?. Todo lo anterior, incide en el riesgo país que refleja niveles por encima de los 1.000 puntos, que añadido a otros elementos como reducción del precio del petróleo, y falta de acuerdos políticos, entre otros, no permite tener acceso a mercados financieros para obtener los recursos que se necesitan.

Por tanto, hay un compás de espera respecto a flujos de inversión locales y extranjeros que no se evidenciarán en los meses que queda del año, pues los 90 días fijados para alcanzar acuerdos en la mesa, tiene en vilo a los diversos actores. Pues la enigmática CONAIE puede argumentar que lo logrado no satisface a sus demandas, y como “legítimos” representantes del pueblo ecuatoriano, deben recurrir nuevamente a la protesta para alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿hasta cuándo será suficiente para la CONAIE continuar exigiendo?. Sin duda, lo peligroso de estas mesas son los precedentes inequívocos que quedan para el futuro del país. Latinoamérica, ojo “mira las barbas de tu vecino, y pon las tuyas a remojar”, aprendan de nuestros errores.

* Jorge Calderón Salazar es Economista (UCSG), Maestría en Administración de Empresas por la UEES y un Master of Management por Tulane University. Rector del Instituto Superior Tecnológico Argos, Consultor, Analista y Coach Económico, y Emprendedor. Miembro de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Miembro del Foro Libertad y Prosperidad (Instituto Ecuatoriano de Economía Política) y del Consejo Asesor Internacional – Capítulo Ecuador de la ONG Mujeres Líderes Políticas, Embajador de la ciudad de Guayaquil para Congresos y Convenciones por la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil; Profesor de postgrado de Escritura Académica, Análisis Económico Mundial y Metodología de la Investigación en diferentes universidades de país. Analista Económico en varios medios de comunicación nacional e internacional. Articulista en la Revista Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil y Diario El Correo (Machala).

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