Roberto Cachanosky

Argentina: ¿Por qué 2023 promete ser un año complicado para la economía? – por Roberto Cachanosky

Comienza un año en que el desafío del ministro Sergio Massa es tratar de llegar a las elecciones de octubre sin que se produzca uno de los típicos estallidos cambiarios.

El kirchnerismo recibió la herencia de Cambiemos que a su vez recibió una terrible herencia del mismo kirchnerismo. Ninguno solucionó los problemas y los mismos se fueron agravando con el paso de los años.

El más beneficiado en herencia económica en los últimos 20 años fue Néstor Kirchner, dado que Duhalde junto con Jorge Remes Lenicov hicieron el “trabajo sucio” de licuar el gasto público con una llamarada inflacionaria, se dejó de pagar la deuda pública amparado en la Emergencia Económica, y justo a mediados de 2002 comenzó a subir el precio de las materias primas que más exporta la Argentina, que posibilitó generar más ingreso de divisas del que se esperaba y también más ingresos fiscales derivados de los derechos de exportación.

Cabe recordar que los derechos de exportación para la soja volvieron en 2002 con el 13,5% y Néstor Kirchner los llevó al 35% antes del traspaso de la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2007. Eso dio margen para tener una tremenda caja que permitió hacer populismo, y llevar el gasto público hasta niveles que hoy ya no son financiables.

En otras palabras, en épocas de ingresos elevados en lugar de generar ahorro, se intensificó el gasto fijo de la Administración Central, pero cuando vino la época de menores ingresos, el gobierno de turno, del mismo signo se negó a bajarlo, con el agravante que no hay suficientes fuentes de financiamiento.

Según datos de la Oficina de Presupuesto de Congreso, en 2008 había 4,8 millones de personas que recibían planes sociales y en 2021 llegaron a 13,6 millones. Si se suman perceptores de jubilaciones, pensiones, planes sociales y empleo público nacional, provincial y municipal, suman 28 millones las personas que cobran del Estado todos los meses, en contraste con menos de 9 millones de personas que trabajan en blanco en el sector privado -asalariados y cuentapropistas-.

Frente al gran descalabro fiscal, el ministro de Economía, Sergio Massa, apuesta a licuar el gasto público incrementando jubilaciones, planes sociales y sueldos del Estado por debajo de la inflación.

Por eso el déficit primario crece por debajo del aumento del Indice General de Precios al Consumidor del Indec (IPC).

En noviembre, el gasto primario aumentó 78% en comparación con ingresos totales, sin incluir las rentas de la propiedad, que crecieron el 86% y una inflación según el Indec del 92,4%. Es claro que la mejora del resultado de las finanzas públicas no se originó en reformas necesarias del Estado. Justamente este es uno de los temas a enfrentar en 2023. ¿Logrará Massa transitar 10 meses sin conflictividad social haciendo caer permanentemente los ingresos reales de quiénes dependen de la Administración Central?

El otro desafío del año tiene que ver con la deuda del BCRA. Al momento de redactar estas líneas el stock de Leliq y Pases Netos suman $10,3 billones, el cual generó en 2022 en concepto de intereses pagados $3,3 billones que en gran parte fueron esterilizados con nuevas emisiones de esos instrumentos de regulación monetaria. Se trata del denominado déficit cuasifiscal, el cual superó al déficit primario y es casi igual al déficit financiero.

El desequilibrio cuasifiscal es tan importante o más grave que el fiscal porque constituye deuda que vence en muy corto plazo, menos de 180 días, y paga una tasa de interés que duplica el monto de la deuda en un año y tiene como contrapartida los depósitos de la gente.

En definitiva, esa deuda los bancos la compran con los depósitos de particulares, al no tener demanda de crédito a la tasa que piden. En caso que los clientes decidan retirar sus ahorros de las entidades por miedo a una posible confiscación o por un salto cambiario, puede ocurrir que la plata no va esté disponible, o al menos con la capacidad de compra esperada.

FACTOR DE INCERTIDUMBRE

En nada ayuda en términos de confianza en el Gobierno la decisión del Presidente de no querer acatar en tiempo y forma la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la devolución de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el Poder Ejecutivo pasa a tener el monopolio de la fuerza y hacer lo que se le antoja.

De ahí a confiscar depósitos o cualquier otro activo no hay límites, porque el ciudadano común no tiene a la Justicia como el poder del Estado que tutela sus derechos, ya que se transforma en declamativa al no acatar el Ejecutivo sus sentencias.

Así, por ejemplo, mañana el Poder Ejecutivo podría confiscar depósitos, la Justicia otorgar amparos para que no se ejecute la medida, y el Presidente de la Nación no respetar esa decisión. En definitiva, quedarse con los ahorros de la población como ya lo hizo el kirchnerismo con los fondos confiados a las AFJP, puede volver a ocurrir perfectamente en un Estado sin justicia.

En definitiva, el Gobierno fuma en la destilería al acumular una elevada deuda cuasifiscal que juega contra los depósitos y, al mismo tiempo, querer atropellar a máximo tribunal de justicia. Habrá que ver si aguanta la confianza en el sistema financiero y no se produce una corrida financiera que se traduzca en una cambiaria.

Otro de los problemas que enfrentará el Gobierno en 2023 es la falta de dólares al tipo de cambio oficial para importar insumos. La sequía y la falta de estímulos para producir van a seguir siendo un obstáculo para disponer de dólares artificialmente baratos para importar insumos, con lo cual, la actividad económica tenderá a frenarse como se observa en los últimos datos de actividad económica.

No se ve con claridad que la actividad económica vaya a mejorar en 2023. Las exportaciones no van a crecer por la sequía; las inversiones van a brillar por su ausencia ante la alta incertidumbre económica y falta de seguridad jurídica por el comportamiento del kirchnerismo; y el consumo solo podrá aumentar si el Gobierno decide incrementar jubilaciones, subsidios y sueldos de empleados públicos por encima de la tasa de inflación, lo cual llevaría a aumentar el déficit fiscal y acelerar el ritmo de aumento de los precios.

En síntesis, el gran interrogante que queda por delante es si la mecha de la bomba económica va a ser lo suficientemente larga como para llegar a octubre de 2023 o el kirchnerismo se empeñará en acortarla con las barbaridades que suele hacer en materia de política económica e institucional.

Empezó un año que promete ser económicamente complicado, justamente por ser electoral, en que el Gobierno tendrá que apostar a más ajuste vía licuación del gasto o al desborde fiscal por más populismo para tratar de ganar.

* Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Profesor titular de teoría macroeconómica en el máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial y de economía aplicada en el máster de Economía y Administración del Instituto universitario. Es columnista del diario La Nación. En la actualidad se desempeña como consultor económico y edita un semanario económico en Internet llamado Economía para todos (EPT).

El presente artículo fue publicado en Infobae de Argentina.

 

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