En Guatemala es poco lo que se pueda hacer por mejorar el sistema de educación pública mientras esté bajo el control de los sindicatos y la burocracia. Maestros y sindicalistas, por un lado, padres de familia y alumnos por el otro, tienen intereses e incentivos diferentes.
En la antesala de las elecciones generales de Guatemala 2023 he buscado información de los candidatos en relación con sus propuestas de políticas públicas para enfrentar los problemas del país. He quedado un tanto desconcertado por la ausencia de esbozo general de principios, filosofía política, ideología o visión general sobre las ideas que animarían un plan de acción.
Es notable la ausencia de encuestas actualizadas sobre el proceso electoral en Guatemala a dos meses de las elecciones generales. Zury Ríos y Sandra Torres lideran la intención de voto con cerca de 20% cada una. El misterio es si hay un tercer lugar que consiga cerrar la brecha y superar a una de estas candidatas para entrar a segunda vuelta.
Más allá de la aprobación o denegación de candidaturas puntuales por aspectos de honorabilidad e idoneidad, cabe preguntarse por qué los peores se ponen arriba; qué factores institucionales y culturales permiten que malos actores no solo sobrevivan, sino además prosperen en el sistema político guatemalteco.
Se aprobó la Ley de Competencia de Guatemala con el objetivo de promover la libre competencia y restringir monopolios y carteles. Dicha ley jamás alcanzará los fines que propone, es ineficaz por diseño y contraria a principios de debido proceso. Crea una nueva capa burocrática con poderes discrecionales, sin capacidad para promover la libre competencia, y potestad para obstaculizar e imponer altos costos a actividades productivas.
Guatemala está en tiempos de vacas gordas, situación que en el largo plazo indudablemente cambiará. Mientras el país cuenta con este combustible de consumo y válvula de escape de desempleo, sería el tiempo de invertir en los factores que son capaces de potenciar sus capacidades de producir y generar bienestar en el futuro.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) de Guatemala, establece que la convocatoria a elecciones generales debe realizarse, a más tardar, la tercera semana de enero del año electoral; falta menos de un mes. Se acerca la gran chamusca chapina.
Las debilidades de Guatemala giran en torno al hecho que las elites políticas y gubernamentales no tienen puesta su atención en las oportunidades; se encuentran distraídas y ocupadas por las mieles extractivas del poder.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala se dedica supuestamente a proteger y sanear el ambiente y recursos naturales. Nada más lejos de la realidad. Regla tras regla se convierte en un grosero titán burocrático capaz de clavar sus garras y roer los huesos de todo el cuerpo social.
En Guatemala hay tres hechos consumados que yacen en el pozo de la confusión y la disfuncionalidad institucional: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de San Carlos (Usac) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).